El doctor Iván Torres La Torre, penalista experimentado, acompaña al jurista Julián Palacín en las próximas elecciones del Colegio de Abogados de Lima, que se realizarán el 30 de noviembre próximo. Conversamos con él acerca de la situación de su gremio y de ciertos temas coyunturales que afectan al país en general.
Doctor Torres, usted está yendo como director de Economía en la lista del candidato al Colegio de Abogados de Lima, Julián Palacín
Sí, el doctor Palacín candidatea nuevamente al Decanato del CAL para el periodo 2018-2019, con una lista de directivos renovada. La Dirección de Economía maneja todos los fondos, los recursos, y las decisiones económicas y financieras; hay que tener un manejo muy cuidadoso en esta Dirección, puesto que de ella depende toda la capacidad financiera y económica del CAL.
¿Cómo se ha venido llevando esa labor en el CAL?
Es un resumen de la realidad del país. Todas las instituciones, las entidades de manejo público, gremial, tienen el mismo problema, por mal manejo, decisiones equivocadas, malas inversiones, corrupción. Hay que gerenciar el CAL con criterios más empresariales y con técnicas nuevas en finanzas, sin cargas de planillas exageradas, sin favores en compras, en adquisiciones, sobreendeudamientos, o amnistías que al final no favorecen.
¿Hay algún caso grave de corrupción en el CAL que haya quedado impune?
La economía del CAL ha sido siempre precaria, mal manejada, golpeada, y si ha habido mal manejo, esto ha sido investigado, auditado, y se han detectado, seguro, muchas irregularidades. Lo importante es dar el paso adelante, salir del problema financiero. El CAL no recibe plata de ninguna entidad pública del Estado, vive de los recursos de sus cotizantes, de nosotros, los 70 mil abogados. Hay que superar todas esas dificultades y generar una estructura financiera nueva, una que beneficie a los agremiados, con políticas de esparcimiento, tenemos un club inmenso en la Carretera Central, hermoso, con búngalos, restaurantes, juegos; tenemos que elevar el nivel académico del abogado, podríamos generar alianzas con universidades extranjeras, mejorar la biblioteca. porque el CAL es un colegio de profesionales, académico, y últimamente están confundiéndolo con un colegio político, se distorsionó el concepto de los abogados.
¿Por qué dice que se está politizando?
Porque se comienzan a manejar las elecciones desde un punto de vista ideológico, si eres un abogado de derecha, o de izquierda, las bases te apoyan, y eres elegido decano ideológicamente, o porque hiciste una mejor propaganda, cuando en realidad el decano tiene que ser el referente, en este caso de Lima, por no decir nacional, tiene que ser la voz jurídica de nosotros los abogados, preparado para manejar la situación de todo el gremio, para atender toda la problemática del abogado, en su manifestación nacional, porque el abogado tiene un desempeño y un desarrollo nacional. Ese tiene que ser el decano del CAL, no el que ideológicamente está más cerca al gobierno, al Congreso, a las ONG, o a las bases que van apoyando desde ciertos sectores políticos. El CAL tiene que verse desde un punto de vista estrictamente intelectual y académico.
¿Cuál es la propuesta del grupo que lidera el doctor Palacín?
Hay un punto central: el bienestar del abogado de manera integral, y la prioridad es elevar el nivel académico, profesional e intelectual del abogado; en el nivel académico, generar espacios para que vuelva la intelectualidad al CAL, con universidades nacionales y extranjeras, con otros poderes del Estado; desde el punto de vista del bienestar profesional, que el abogado que está en el Poder Judicial o en el Ministerio Público pueda tener mejores condiciones laborales. El CAL tiene que plantear ante el Poder Legislativo, ante el Ministerio de Economía, los mejores presupuestos, las mejores modernizaciones para el Poder Judicial, porque ahí hay colegas, ahí hay abogados que están trabajando en situaciones totalmente deplorables, también en el Ministerio Público. Todos nos quejamos del Poder Judicial, pero ningún decano ha salido al frente a tomar el problema del abogado que labora ahí.
¿A qué se refiere con “situación deplorable”?
El abogado del Poder Judicial es un profesional, un colega nuestro, que trabaja con sueldos irrisorios, en condiciones laborales deplorables, hacinado, sin un espacio laboral saludable que le dé una estabilidad psicológica; además, trabaja en un sistema en donde la corrupción ingresa fácilmente; no es sostenido académicamente, un secretario de juzgado no recibe diplomados, charlas, maestrías, por el alto precio y porque trabaja larguísimas horas. Por eso es que el país enfrenta, año tras año, huelgas prolongadas del personal del Poder Judicial.
¿Eso solamente pasa en el Poder Judicial o también en el Ministerio Público?
En ambos. Son condiciones laborales miserables, ganando sueldos ínfimos en condiciones laborales deplorables, paupérrimas, y sobre todo expuestos a un sistema que no les permite crecer profesionalmente, no tienen acceso a una cultura jurídica, a convenios académicos, a la más mínima posibilidad de desarrollarse como abogados, están en un estancamiento año tras año. ¿Quién debe ir al rescate de esos colegas del Ministerio Público, Poder Judicial y todas esas estructuras?: el decano del CAL, que tiene que salir adelante y comenzar a tener la voz autorizada del sindicato del Poder Judicial, y poder transmitir, con más experiencia, a un Ministerio de Economía, a un Poder Legislativo, para que lleguen pronta y oportunamente las reformas económicas.
En el año pasado hubo una huelga…
Todos los años hay huelga, y esos trabajadores, en un 90%, son abogados.
¿Y el CAL se ha pronunciado?
Son pronunciamientos con miradas de perfil, no existe un decano que mire directamente a la problemática del abogado en el aparato público, no existe una mirada directa, frontal, que tome el toro por las astas y que pueda manejar la crisis de un gran sector de los abogados que trabajan en estas dependencias públicas del Estado.
¿Ustedes se han reunido con el sindicato?
Hemos tenido conversaciones con unos representantes gremiales del Poder Judicial, de Lima, de Lima Norte, y nos siguen expresando las mismas preocupaciones año tras año.
¿Cuál es su pedido principal?
Lo principal es la homologación de sus sueldos, ellos reciben sueldos bajísimos, que deberían ser nivelados, homologados, con la referencia de otros abogados que trabajan también para el Estado. No puede ser posible que un abogado que trabaje para Indecopi gane 9 mil o 10 mil soles, y un abogado que trabaja para el Poder Judicial gane 2 mil soles. Es el sistema, la estructura, lo que hay que replantear.
Doctor Torres, en el caso de que su lista gane, ¿cuál sería su aporte al CAL?
Soy abogado penalista, y toda la vida me he dedicado a la defensa, a solucionar problemas severos; los penalistas sabemos manejar crisis, y si a esto le agregas el factor de que como abogado he sido independiente toda mi vida, me convierto en un empresario de mi propio negocio, que es nuestro estudio de abogados; eso me ha permitido tener las mejores relaciones profesionales, con los bancos, con empresas privadas, con el mismo Estado, y quiero llevar esas experiencias profesionales de la manera más transparente, más noble, al CAL.
Usted volcaría toda esa experiencia
Hay que trasladarla a favor de los 70 mil colegas que están en la agremiación del CAL, y ofrecerles nuestras mejores relaciones y experiencias como empresarios del derecho.
Iván Torres La Torre y Julián Palacín, juristas aliados por el bien del CAL
¿Cree que existe un prejuicio hacia los abogados que los asocia con la corrupción?
Lo que pasa es que nuestro oficio está siempre vinculado a situaciones complicadas, engorrosas, y muchas veces, para el común de las personas, la defensa a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, a un asesino, debería estar prohibida. El abogado penalista siempre está cerca al delito, se mueve en una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad, esa línea delgada muchas veces ha sido rota, y el propio abogado ha entrado en situaciones muy complicadas. El abogado no es cómplice de su cliente, no es cómplice del delito, solamente defiende, puede estar cerca de una acción delictiva, pero no está en la acción, estamos cerca porque manejamos la defensa; el abogado ingresa cuando la acción delictiva ya se cometió, el abogado comienza a manejar la juridicidad para atender la situación. Esa es la función del abogado. Seguramente hay muchos casos en donde los abogados han entrado en situaciones reprochables, sobre todo cuando han participado muchas veces en cargos públicos.
Ha habido muchos casos últimamente, sobre todo en relación con las coimas del caso Lava Jato
Claro, hay situaciones así, en donde el CAL tiene que saber separar la paja del trigo, y sancionar y rechazar los actos de corrupción de algún agremiado.
¿Ha pasado eso?
Sí, ha habido muchos abogados que han sido llevados al Tribunal de Ética y la Tribunal de Honor del CAL, hay muchos abogados sancionados, inhabilitados, amonestados, suspendidos, que son los diferentes castigos que recibe el abogado agremiado, incluso la expulsión. Cuando llegas en la tranquilidad de tu vida profesional a un cargo, cuando llegas en la estabilidad de tu momento profesional, lo único que quieres hacer es llevar todas tus experiencias a ese momento, a ese cargo, y es bien difícil que las componendas y los arreglos y todas esas situaciones te hagan doblegar, es bien difícil, salvo que tengas un problema moral; cuando tienes un problema moral, así estés en el esplendor de tu vida profesional, siempre serás un amoral, pero cuando eres moralmente establecido y estable profesionalmente, no hay nada que te conmueva.
¿No cabe esa frase: “todos tiene un precio”?
Yo no creo eso. Si tienes una base moral, es difícil que lleguen siquiera a ti; que escuches el ofrecimiento, es mucho más complicado. Conozco a colegas intachables, Palacín es uno de ellos, él es un hombre que ha hecho su dinero, su solvencia económica, en base a su intelectualidad, a sus conocimientos, es la forma como el abogado tiene que hacer su patrimonio, en base a su habilidad intelectual.
¿Cuál es su análisis, desde el punto de vista legal, del incendio en la Galería Nicolini de Las Malvinas, en donde fallecieron dos jóvenes quienes eran prácticamente esclavos?
Es toda una cadena de detalles que se están descubriendo. Quien habría tenido a esos hombres trabajando en esas condiciones, habría cometido el delito de esclavitud por el trabajo, consecuente de muerte, que tiene una pena alta, superior a los 15 años. También habría problemas para los funcionarios, porque, como conversábamos en algún momento, el país es reactivo, no preventivo, recién ahora las municipalidades comienzan a cerrar los almacenes, recién ahora Defensa Civil y Fiscalización están dando la vuelta por todo Lima, cerrando almacenes en las azoteas y en los subterráneos clandestinamente construidos. A veces los fiscalizadores extorsionan a los comerciantes de Gamarra, Malvinas, Polvos Azules, Polvos Rosados, cuando su labor es prevenir, fiscalizar, observar, detectar, alertar que un negocio o una unidad de comercio está trabajando con deficiencias de licencias de Defensa Civil, zonas de escape, saneamiento, etcétera. Ese trabajo no existe, no lo hacen, no hay una política preventiva en los protocolos de actuación de los funcionarios públicos. Siempre habrá estos incendios, estas desgracias, pasará el tiempo y nos olvidaremos de los muertos, hasta que en cualquier momento, nuevamente, exista otra desgracia como esta donde jóvenes peruanos en situación de esclavitud encuentran muerte.
¿Existe un delito de omisión de parte de la Municipalidad de Lima?
Claro, los delitos son comitivos y omisivos, por conducta y por no hacer; cabe la posibilidad de que exista una conducta omisiva, y por eso ocurrió esta desgracia.
También habría omisión del Ministerio de Trabajo
Claro, también, claro que sí. No hay principio de autoridad en el país; es como una familia, si no hay una cabeza, los integrantes de esta familia hacen lo que quieren. El Estado no está presente, ese es el problema de fondo.
¿Cree que vayan a denunciar al alcalde Castañeda?
Fíjate, hay un dicho que dice: “La pita se rompe por el lado más débil”.
Dijeron que la Municipalidad no tenía la autorización para entrar en el almacén
Pero podían pedir el auxilio de la fuerza pública, o ir con una notaría, con un fiscal de prevención del delito. No hubo la capacidad, el principio de autoridad, que está lleno de voluntad, de ejecución de hacer valer las leyes, no existe eso en el país. Tú ves el tránsito, el tráfico, la gente hace lo que quiere; te vas a un evento público en un estadio, suceden desgracias porque no hay autoridad; te vas a un centro de trabajo, vulneran tus derechos laborales, porque no hay autoridad laboral, no existe principio de autoridad.
¿Cree que es algo cultural?
Es que el país está involucionando, en vez de evolucionar; entonces, el ser nacional, el hombre nacional, está en decadencia, todo es un caos, enfrentamiento, conflicto social, todo se arregla en base a conflicto social, porque no hay un principio de autoridad.
¿Es un fenómeno exclusivo de nuestro país?
No, se incide mucho más en Latinoamérica, el factor cultural influye. El sistema social, la ingeniería social latinoamericana, es similar en todos sus puntos de partida.
Tiene que ver con el caso Lava Jato
Lo más grave de ese caso es que ha destruido la base moral de los países implicados, con sus apetitos de hacer riquezas y grandes imperios transnacionales en la construcción, han atropellado a cuantos han encontrado a su paso, y estas mafias, una vez que son descubiertas, mueven sus esbirros para protegerse, toman sus planes de contingencia para que a sus principales cabecillas no se les agudice la crisis cuando lleguen al fondo de la investigación, y esos planes de contingencia suelen ser también actos delincuenciales: corrupción.
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